El presunto anteproyecto de venta de los montes de Utilidad Pública de Castilla La Mancha, por parte de María Dolores de Cospedal, ha puesto de actualidad un debate sobre la conveniencia o no de que las Administraciones Públicas sean propietarias de fincas.
Los Montes de
Utilidad Pública gozan de un estatus de protección y forman parte de un
catálogo administrativo, el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, que los
funcionarios del Cuerpo de Ingenieros de Montes se inventaron para salvarlos
del proceso de desamortización hace exactamente 150 años. Estar inscrito en
este catálogo suponía la protección de ecosistemas que hubieran sido
radicalmente transformados en campos agrícolas, y supuso el germen de la
conservación de la naturaleza en España. Muchos de esos MUP hoy albergan
figuras de protección de la red Natura 2000 que evidentemente no estarían ahí
sin la labor de zapa de aquellos ingenieros forestales que salvaron de la quema
parte de la riqueza natural de nuestro país. Quede para la posteridad la
ignominia de aquellos que ahora, tras la orgía de despilfarro en la que hemos
vivido, se plantean liquidar este patrimonio de todos los españoles con el
peregrino argumento de que “todo lo que tiene comprador se vende”.
Sin embargo,
me referiré al caso especial de las fincas de la Diputación. La Diputación de
Alicante es propietaria de más de 1000 hectáreas de monte. La mayoría de estos
terrenos agrícolas y forestales se encuentran concentrados en el interior
montañoso de la provincia, principalmente en las Sierras de Salinas, Maigmó y
Mariola. Se trata de montes patrimoniales de la Diputación de Alicante,
escriturados a su nombre tras un proceso de compra-venta, que nada tienen que
ver con los Montes de Utilidad Pública que la Presidenta de Castilla La Mancha
pretende vender. Las fincas de la Diputación se adquirieron a principios de la
década pasada y sirvieron como campo experimental para la realización de
inventarios de fauna y flora, estudios y proyectos de ingeniería forestal, etc.
Asimismo se dotó a los montes de infraestructuras y de planes de ordenación
para conseguir, entre otros objetivos, la reducción del riesgo de incendio
forestal. De todo esto hablo con conocimiento de causa porque, un servidor, tuvo
la oportunidad profesional de trabajar hace una década codo con codo con los
funcionarios de la Oficina Técnica de la Diputación en dichos proyectos.
Probablemente,
y merced a todas estas atenciones, las fincas provinciales se hayan salvado del
fuego, las plagas y la especulación urbanística. No sólo eso, sino que los
montes provinciales han lucido un aspecto envidiable en comparación con el
abandono manifiesto de los montes privados y en manos de la Administración
Autonómica y no hace falta ser ningún experto para darse cuenta de ésto. Sin
embargo, y ahora viene el "pero", en 2003 hay un punto de inflexión cuando
el Presidente José Joaquín Ripoll, con su cuñado Alejandro de la Vega ocupando
el cargo de gerente en el Área de Medio Ambiente, creó una empresa pública (www.alicantenatura.es) para la gestión
de los, eufemísticamente llamados, Espacios Naturales Provinciales. Lo que
antes se gestionaba contratando profesionales autónomos y dando trabajo en los
términos municipales afectados, ahora es monopolizado por una empresa. Todos
sabemos los gastos aparejados a una empresa de estas características: flota de
vehículos, una pléyade de personal en nómina, auditorías externas, existencia
de consejero delegado, dietas, reuniones, etc… Con la excusa de dar
flexibilidad a unos “farragosos” trámites burocráticos que no eran tales, se crea
un tinglado político-administrativo artificioso, un verdadero Leviatán, que
ninguna falta hace y que necesita engullir millones de euros al año del
contribuyente. ¿Nos podemos permitir semejante gasto? ¿Cuándo va a llegar el
ajuste “por la vía del gasto”, que hemos sufrido en el sector privado, a departamentos
como éste de la Diputación?
Bajo las
actuales circunstancias no se justifica que una Diputación sea propietaria de
montes, y si no los tiene que tener, tampoco se necesita una empresa pública
para proveer servicios que el mercado puede proveer. Ha quedado acreditado que
el “irresistible gasto en la Administración Pública” no es cosa de la izquierda
política, y mientras haya para despilfarrar, cualquier pesebre político es
apetecible para colocar adeptos. Además, no se puede tener a toda esta
estructura de empresas y técnicos mirándose el ombligo en sus propias fincas.
La Diputación debe de estar al servicio de los Ayuntamientos pequeños que son
mayoría en la provincia de Alicante. Mantener inercias de funcionamiento sin
tomar ninguna medida de ajuste transmite la idea de que la crisis afecta
desproporcionadamente más al sector privado que al público. Esto es intolerable
y refuerza la idea de la ciudadanía de abrir una “causa general” a las
Diputaciones Provinciales en cuanto cambie el gobierno, muy a pesar de la Ley
de Reforma de la Administración Local de Rajoy. Desde luego, con razón.
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